Hoy, en nuestra sede de Avenida América 25, se ha leido el manifiesto denunciando la grave situación que se vive en materia de Seguridad y Salud Laboral.
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La Secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, ha explicado que “este es un día de recuerdo, pero también de reivindicación, algo que UGT hace los 365 días del año”. Ha reivindicado que la salud laboral sea un derecho fundamental, tal y como reza el lema del manifiesto y que formará parte de los debates que celebrará en junio la Organización Internacional del Trabajo.
Ha señalado que las cifras de siniestralidad laboral indican que en España no se está cumpliendo con la ley de prevención de riesgos laborales, ha denunciado la masiva externalización de los servicios de prevención por parte de las empresas y ha reclamado más inversión de las políticas públicas en materia de seguridad y salud laboral.
Por su parte, la Secretaria General de UGT Madrid, Marina Prieto, ha hablado sobre los datos de la siniestralidad laboral en la Comunidad (cada 5 días fallece una persona trabajadora) especialmente en sectores como la construcción y los servicios, donde se producen las tres cuartas partes de los accidentes mortales. Ha alertado sobre la falta de evaluación de los riesgos psicosociales y ha reafirmado el compromiso de UGT para acabar con esta lacra. “Vamos a seguir trabajando para que desde la Comunidad de Madrid no se interrumpan los trabajos del Plan Director, porque consideramos que en aquellos sitios donde hay delegados de prevención existen mayores garantías de seguridad y salud”.
Durante la celebración del acto, se ha realizado un graffiti para recordar a las 155 personas que han perdido la vida en lo que va de año.
Tras dos años de pandemia por la COVID-19, se ha puesto de manifiesto que la salud pública y la salud laboral deben de ir de la mano. Ha quedado patente que garantizar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo ha sido una de las claves para contener y controlar la transmisión de virus en el conjunto de la sociedad.
Es el momento de empezar a evaluar los efectos que en términos de salud está teniendo esta tragedia. Más de 11 millones de contagios y de 100.000 muertes en España desde el inicio de la pandemia son la demostración más visible de la dimensión del problema, pero a medida que pasa el tiempo van aflorando otras cuestiones que afrontar, como las derivadas de los casos de COVID persistente, con consecuencias laborales para quienes lo sufren y que exigen de políticas de prevención y de seguridad social específicas que aún no se están desarrollando. Y siguen pendientes otras como que, en nuestro país, la COVID-19 sigue sin ser incluida en el listado de enfermedades profesionales, lo que hace que muchas personas trabajadoras queden desamparadas y sin la prestación que merecen.
La pandemia también ha servido para poner en la palestra el grave problema de salud mental en nuestra sociedad. Los sindicatos ya veníamos denunciando con anterioridad como la precariedad y el deterioro de las condiciones de trabajo están afectando a la salud de la población trabajadora. Las patologías derivadas de la exposición a los riesgos psicosociales no se consideran como enfermedad profesional y los trastornos mentales apenas se notifican como accidente de trabajo. Es imprescindible y urgente desarrollar legislación específica e impulsar políticas públicas para afrontar este problema de primer orden, donde los servicios públicos de salud pueden impulsar diagnósticos de sospecha cuando llegan a sus consultas patologías susceptibles de ser de origen profesional.
